Los habitantes de la alcaldía Cuajimalpa han denunciado la decisión del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de limitar las inspecciones en comercios, señalando que el nuevo esquema de verificación implementado a partir del 5 de octubre carece de fundamento legal. Según una queja presentada ante el Órgano Interno de Control de Invea, la práctica de aplicar cero sanciones a negocios de bajo riesgo bajo el código Avispa, así como el uso de notificaciones anticipadas para regularizar antes de aplicar penalizaciones, vulnera la Constitución y la normativa del organismo. Los críticos afirman que los actos de autoridad emitidos desde el 1 de octubre están basados en lineamientos que no están respaldados por la ley y, por tanto, resultan arbitrarios; esto contradice el derecho a la seguridad jurídica y justifica la impugnación de dichos actos. Asimismo, los vecinos de la colonia El Contadero han puesto en duda la continuidad de actividades de establecimientos dentro de la barranca protegida Mimosas, pese a que Sedema ya ha impuesto sanciones. El área fue catalogada como Área de Valor Ambiental en 2011 con la finalidad de frenar la urbanización de la cuenca, próxima a Santa Fe y la carretera México‑Toluca, mientras que obras públicas del gobierno local han permitido la apertura de locales sin la correspondiente asignación de uso de suelo.