Videovigilancia. Pese a cámaras de seguridad, misma impunidad criminal . Foto: seguridad.guanajuato.gob.mx

Por Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar

jueves, 4 de junio de 2026 · 15:00

En México, miles de millones de recursos públicos se destinan cada año a medidas para contener el auge delictivo. A la par se ha dado el crecimiento de Seguritech Privada, encabezado por Ariel Zeev Picker Schatz, cuyo éxito empresarial se sustenta en las ventas al sector público de tecnología de videovigilancia para gobiernos estatales, dependencias federales y municipios.

Esa inversión no ha mejorado la percepción de seguridad de los ciudadanos, pero sí ha servido para conformar una red de más de 60 empresas, donde fungen como accionistas familiares, empleados y colaboradores de Picker Schatz, que intercambian recursos y operaciones.

El análisis de flujos financieros y registros corporativos obtenidos por POPLab y CONNECTAS encontró que entre 2021 y 2025, Seguritech Privada y Comunicación Segura tuvieron ingresos por más de 34 mil millones de pesos (USD 1,961 millones). El 95% provenientes de dineros públicos.

Una porción de esos recursos se destinó a varias personas y empresas contratadas como intermediarios, de los cuales no se localizó historial público verificable en el sector mediante los registros consultados.

Algunas de estas entidades recibieron comisiones significativamente más altas que las del mercado, con transferencias que dificultan el rastreo de los beneficiarios finales y hacen imposible determinar si los costos de los contratos con los gobiernos son proporcionales al servicio recibido.

Los mismos registros financieros muestran que, entre 2021 y 2025, el grupo asignó más de 2 mil 400 millones de pesos (USD 139 millones) para cubrir conceptos como “éxito de proyecto”, “gestión”, “consultoría” o “intermediación”, por el pago de comisiones y asesorías vinculadas a contratos públicos.