Caracas. El canciller Félix Plasencia informó ayer que Venezuela notificó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI) conforme al artículo 127 del tratado. Según el pronunciamiento, el gobierno venezolano sostiene que la CPI actúa con un “sesgo geográfico demostrado”, al concentrar de manera desproporcionada sus actuaciones en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur global. “Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”, indicó la nota oficial. El comunicado detalló que dicho sesgo es el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos “al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger” y rechazó lo que califica como una “estrategia de lawfare que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano”. Dos causas En la corte existen dos expedientes sobre el país. Por un lado, la causa denominada Venezuela I, introducida en 2018, pero iniciada formalmente en noviembre de 2021 para examinar presuntos crímenes de lesa humanidad durante las violentas protestas opositoras de 2017. Este procedimiento ha sido ratificado tanto por la Sala de Cuestiones Preliminares como por la de Apelaciones. Por otro lado, el Estado venezolano introdujo la causa “Venezuela II” en febrero de 2020 para denunciar que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos constituían un crimen de lesa humanidad contra la población civil. Esta causa permaneció en examen preliminar hasta ser desestimada por la fiscalía en marzo de este año al afirmar que no podía constatar un nexo causal directo. Giro diplomático La decisión anunciada marca un viraje en la postura de Caracas ante la CPI. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, el país mantuvo una estrategia de “cooperación y enganche constructivo” con la fiscalía de La Haya. Esto se tradujo en múltiples visitas del fiscal Karim Khan entre 2021 y 2024 para reunirse con los poderes públicos del Estado. Venezuela y la CPI firmaron memorandos de entendimiento bajo el “principio de complementariedad positiva” e incluso se abrió en 2023 una oficina técnica de la fiscalía de la CPI en Caracas para brindar asistencia y asesoría al sistema de justicia local. Con la denuncia del Estatuto de Roma, Venezuela se alinea con la postura de Estados Unidos frente a la CPI, en sintonía con la evolución de las relaciones bilaterales tras la agresión militar del 3 de enero de 2026 y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Washington nunca ha ratificado el Estatuto y mantiene tradicionalmente una posición hipercrítica hacia la jurisdicción de la CPI, oponiéndose a que juzgue a ciudadanos estadunidenses o aliados de países no miembros.